La administración Trump ha rescindido oficialmente una conclusión ambiental clave que ha dado forma a la política de emisiones de Estados Unidos desde 2009. Esta medida debilita efectivamente las regulaciones federales sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de vehículos e industrias, una decisión que la Casa Blanca enmarca como restaurar la “elección del consumidor” y la libertad económica. La acción central es la derogación del “hallazgo de peligro” de 2009: una determinación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de que los gases de efecto invernadero representan una amenaza significativa para la salud pública y contribuyen al cambio climático.
El hallazgo de peligro: una base científica
El hallazgo de la EPA de 2009 se basó en una extensa investigación científica que demuestra que gases como el dióxido de carbono y el metano atrapan el calor en la atmósfera, impulsando el calentamiento global. Esto llevó a regulaciones destinadas a reducir las emisiones de las centrales eléctricas, fábricas y vehículos. La administración Trump descarta esta investigación por carecer de “base fáctica” y presenta las regulaciones como una “regla radical” y parte de una “estafa verde”. La derogación elimina los requisitos para que los fabricantes de automóviles midan, informen y cumplan con los estándares federales de gases de efecto invernadero, incluidas características como la tecnología “stop-start” diseñada para reducir las emisiones de los vehículos.
Impactos económicos y políticos
La administración afirma que esta reversión ahorrará a los estadounidenses 1,3 billones de dólares y a los fabricantes de automóviles miles de millones en pérdidas, citando las cargas regulatorias como un lastre para el crecimiento económico. Esta medida es particularmente polémica en estados como California, que durante mucho tiempo ha aplicado estándares de emisiones más estrictos independientemente de la política federal. El gobernador Gavin Newsom ha prometido impugnar la decisión ante los tribunales, afirmando el derecho del estado a mantener sus propias regulaciones. La reducción también se produce tras la decisión de la administración de poner fin a las exenciones fiscales para los vehículos eléctricos (EV), lo que indica aún más un alejamiento de los incentivos a la energía limpia.
Consecuencias más amplias y oposición
Los grupos ambientalistas predicen que la derogación aumentará las emisiones de gases de efecto invernadero en un 10% para 2055, lo que provocará aproximadamente 58.000 muertes prematuras y millones más de ataques de asma. Organizaciones como el Fondo de Defensa Ambiental y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales planean impugnaciones legales, argumentando que la decisión es científicamente errónea y legalmente infundada. La medida es la última de una serie de acciones bajo la administración Trump que priorizan la desregulación económica sobre la protección ambiental, preparando el escenario para batallas legales prolongadas y mayores tensiones entre las políticas ambientales federales y estatales.
La revocación de estas regulaciones tiene implicaciones más amplias para el compromiso de Estados Unidos con los acuerdos climáticos internacionales y podría acelerar el cambio hacia la dependencia de los combustibles fósiles, socavando potencialmente los esfuerzos para mitigar el calentamiento global.
